Brechas de género y su impacto en la inclusión financiera de las mujeres: Acciones que podrían contribuir a su disminución

La inclusión financiera de las mujeres implica contar con acceso a productos financieros formales y de calidad y hacer uso efectivo de los mismos para lograr un bienestar económico y social. A nivel de América Latina y el Caribe (ALC), se reconocen importantes esfuerzos por lograr una inclusión financiera de las mujeres; se estima que 61.9% de las mujeres son prestatarias de las instituciones microfinancieras, el 65% de las ellas posee una cuenta bancaria, y sólo el 30,7% afirma haber recibido algún crédito en el último año de fuentes formales e informales. A pesar de lo anterior, aún prevalecen brechas de género que limitan la inclusión financiera de las mujeres y afectan su desempeño en la esfera pública y privada, así como el ejercicio de sus derechos humanos.

El pasado 10 de noviembre se llevó a cabo el panel FinEquityALC – Derribando barreras para la inclusión financiera de la mujer en ALC: ¿Qué sabemos y qué podemos comenzar a resolver hoy?, en el cual se realizó una mesa de trabajo sobre los sesgos inconscientes --normas sociales/barreras normativas que limitan o previenen el acceso y uso de servicios financieros. Durante esta mesa se discutió sobre las barreras que prevalecen para la inclusión financiera de las mujeres en la región de América Latina, así como algunas iniciativas o propuestas para solventarlas.

Barreras que limitan la inclusión financiera de las mujeres

En la mesa de trabajo se enfatizó que la falta de autonomía económica y financiera de las mujeres limita su poder de decisión sobre la administración de los recursos económicos y financieros para cubrir las necesidades propias y de otros miembros del hogar, incluyendo gastos de educación y salud de los hijos, o las reparaciones domésticas. En ese sentido, casi un tercio de las mujeres de ALC depende de otros para su subsistencia, lo que las hace vulnerables desde el punto de vista económico y dependientes de los perceptores de ingresos, que por lo general son los hombres. Por poner un ejemplo, en el caso de Colombia, diferentes investigaciones, como la encuesta del OEM o el censo del DANE, encontraron que más de  un 20% de las mujeres, tanto del sector rural, como el sector urbano, no toman decisiones propias frente a sus ingresos, pues lo hacen en compañía de alguien más.

La falta de autonomía en las decisiones económicas y financieras afecta de manera directa la autoconfianza y el empoderamiento de las mujeres, entendidos como determinantes de mantener procesos y las estructuras que reproducen la posición subordinada de las mujeres. Por su parte, la violencia económica y patrimonial que experimentan las mujeres de manera más frecuente, entendida como cualquier acción u omisión directa o indirecta que afecta su autonomía económica y su supervivencia, se relacionan con el gasto del dinero destinado al hogar por parte de sus parejas, el control a la hora de administrar el mismo y la prohibición a las mujeres para trabajar o estudiar.

Por otro lado, siguen existiendo barreras estructurales asociadas a la falta de oportunidades laborales y salariares que afectan a la participación en los mercados financieros formales.  De acuerdo a la OIT, una mujer en ALC recibe 17% menos pago que el que recibe un hombre por realizar el mismo trabajo.  Las mujeres también se encuentran segregadas a participar en sectores tradicionalmente considerados como “femeninos”, que suelen caracterizarse por tener una baja remuneración y productividad, como lo son las ventas al por menor, los servicios de restaurante, hotelería y de cuidado. De hecho, mientras que el 30% de las mujeres trabajan en sectores vinculados al cuidado (educación, salud y trabajo doméstico), entre los hombres estos sectores sólo ocupan el 6%. Esta feminización del trabajo se extiende a las formas de contratación, en donde prevalecen los “empleos temporales y por contrato, outsourcing (subcontratación), trabajo en la casa y otras formas de subcontratación”. Y esto sumado a que las mujeres se enfrentan a una doble jornada de trabajo (trabajo doméstico y de cuidados); se estima que a nivel ALC las mujeres dedican en promedio 39 horas semanales a actividades de cuidado no remunerado, mientras que los hombres dedican, en promedio, solo 14 horas (CEPAL, 2020).

Los menores ingresos y la contratación precaria hacen que las mujeres experimenten limitaciones en cuanto al acceso económico a productos financieros formales, y tengan que acudir a otros medios como prestamistas informales o familiares y conocidos. Esta situación se complejiza aún más cuando se evidencia que históricamente, las mujeres no son propietarias de tierra o de bienes inmuebles que funjan como colaterales, debido a la existencia de un privilegio masculino en los sistemas de derecho civil, sesgos de género en programas estatales, implementación débil de las políticas y programas existentes y falta de información de las mujeres rurales frente a sus derechos.  

Por su parte, aún prevalecen barreras culturales que se relacionan con estereotipos de género que permean el ámbito laboral y productivo. Por ejemplo, el hombre, como proveedor, se tiende a asociar con lo financiero y una experticia en términos del manejo del dinero y la inversión. Todavía persiste un alto nivel de desconfianza frente a las habilidades de las mujeres para impulsar y gerenciar negocios exitosos, lo cual impide su ascenso en las esferas económicas, sociales y políticas. En promedio solo el 23% de las mujeres en ALC ocupan cargos directivos dentro de organizaciones públicas y privadas.

En cuanto a la educación financiera, varios estudios revelan que las mujeres tienen menores niveles de educación financiera y menor confianza en sus conocimientos financieros, lo que les acarrea problemas para manejar de manera eficiente sus finanzas. La falta de autoconfianza en su conocimiento es evidente a lo largo de distintos países desarrollados y en desarrollo, y los estudios afirman que esto refleja que las mujeres saben más de lo que creen saber. En cuanto a sus conocimientos, los estudios muestran que las mujeres tienen mayores dificultades para elegir productos financieros y para ahorrar a través de productos financieros formales, y tienen un menor conocimiento en temas de riesgo y finanzas. La brecha de género en conocimientos financieros se reduce, cuando las mujeres participan en la toma de decisiones financieras del hogar.

Así, la falta de autonomía y de confianza de las mujeres, junto con la brecha salarial y laboral de género, los bajos niveles de conocimientos financieros y la falta de confianza en los mismos, junto con el acceso desigual a la propiedad y los estereotipos culturales, ponen en evidencia la necesidad de generar estrategias transversales con enfoques de género que permitan promover una mayor inclusión financiera oportuna y adecuada.

Acciones que podrían contribuir a la inclusión financiera

Las barreras descritas y discutidas en la mesa de trabajo demuestran la necesidad de concebir la inclusión financiera como un proceso, y no como una condición estable, que afecta a las mujeres de forma cambiante según sus condiciones de vulnerabilidad en un momento dado. Es así como la inclusión financiera debe ser examinada desde un enfoque multidimensional e integral, entendiendo que existen diversos factores que influyen y actores involucrados, a saber: El Estado, el sector financiero (incluyendo bancos especializados), la empresa privada, las asociaciones u organizaciones de la sociedad civil, la academia y las usuarias.

En el caso de las instituciones financieras, se mencionó que en muchos casos los asesores financieros de las microfinancieras excluyen o filtran a las mujeres empresarias por falsos estereotipos y predisposición, al igual que hacen con otras poblaciones vulnerables. Se deben generar por ello procesos de innovación y concientización en el sector a través de programas de educación financiera que permitan mejorar la relación entre el sistema financiero y las clientes (personas y empresas), y que eviten la discriminación hacia las mujeres. Dichos procesos deben contar con el aval del gobierno, organismos reguladores y supervisores, y organizaciones multilaterales. En ese sentido, a nivel de la política pública, es necesario que se incorpore el enfoque de género en las Estrategias Nacionales de Inclusión y Educación Financieras, donde distintos países de ALC están adelantando esfuerzos en esa dirección.

Por otro lado, es fundamental generar programas de educación financiera que involucren a todo el hogar, en especial la pareja, con el fin de establecer metodologías para negociar y priorizar gastos teniendo en cuenta las necesidades e intereses de cada miembro. Además, es preciso que los programas de educación financiera se enfoquen en aumentar la autoconfianza y autonomía de las mujeres. Ante la falta de autonomía en las decisiones financiera, se propuso también crear productos para independizar los flujos de la mujer de los del esposo; por ejemplo, se han creado cuentas individuales para la mujer. En este contexto, sin embargo, hay que considerar que el esposo es en la mayor parte de los casos el asesor financiero principal de la mujer. Y que los objetivos del primero no coinciden con los de la esposa, quien prioriza por ejemplo el cuidado de los hijos. 

Se discutió también que el hecho de que exista un mayor número de mujeres clientes en el mundo de las microfinanzas no significa que estén bien atendidas. Esto se debe, en gran parte, a la falta de conocimiento sobre las necesidades y lo que más valoran las mujeres en este proceso: tipo de financiamiento, productos, servicios, su entrega (mercadeo), y su seguimiento. Es necesario, además, ahondar en conocer las preferencias, sesgos, y comportamientos financieros propios de las mujeres. Y, en base a todo ello, se debe robustecer el portafolio de productos y servicios financieros a los cuales tienen acceso las mujeres como grupo poblacional, además heterogéneo. Dentro de las mujeres existen realidades, retos y necesidades distintas: mujeres en el ámbito rural, microempresarias, refugiadas, migrantes, etc. En la mesa se discutió, por ejemplo, la escala generalmente pequeña de producción de la microempresaria que se convierte en una barrera a la inclusión financiera, en la que influye sin duda la economía del cuidado - la cual permanece invisible. La pandemia COVID- 19 ha mostrado con fuerza la “crisis del cuidado” que afecta a las mujeres tanto en el mundo desarrollado como en desarrollo.

En la mesa se destacó la existencia de vacíos de investigación sobre cómo el uso y acceso a productos financieros impactan a los comportamientos financieros y sesgos individuales y propios de las mujeres. Se discutió, en particular, el impacto que podría tener el acceso y uso de medios digitales, en aquellos, y los posibles mecanismos de transmisión en el comportamiento financiero de la mujer. Aunado a esto, sobresalió el cómo el acceso y uso de medios digitales podrían paliar algunas de las barreras a la inclusión financiera de las mujeres, como pueden ser las asociadas al aislamiento social o la inseguridad en la calle. 

Resumiendo, y para concluir, es necesario seguir investigando los sesgos y características propias de las mujeres que influyen en sus comportamientos y decisiones financieras, así como sus necesidades y retos, en especial ante la digitalización financiera. Hay mucho por hacer; y el primer paso es seguir trabajando para eliminar las brechas de género en los mercados laborales y ámbitos económicos. Las barreras a la inclusión financiera de la mujer además están estrecha e inevitablemente relacionadas con aspectos sociales y personales, como la falta de autonomía, empoderamiento y poder de decisión y negociación en el hogar. Por ello la necesidad de implementar acciones integrales y transversales de carácter social, económico y financiero. La mayor inclusión financiera de las mujeres contribuirá a la disminución de la pobreza y la desigualdad de renta, lo que podría incentivar el crecimiento económico y el desarrollo sostenible de los países de América Latina y el Caribe (ALC), y es por ello que debe ser prioridad en la agenda de los gobiernos y organismos multilaterales.

Descargue aquí la presentación en Power Point compartida durante esta mesa de trabajo de #FinEquityALC2020.