Retos de las mujeres rurales en Colombia frente a la COVID-19

Las desventajas de las mujeres rurales en Colombia se manifiestan particularmente en lo que respecta al acceso a la propiedad de la tierra, con una baja participación en los distintos programas de titulación que fueron impulsados durante la segunda mitad del siglo XX, además de enfrentarse a barreras culturales e institucionales que les han impedido acceder y aprovechar la tierra, tal como lo han demostrado las investigadoras Magdalena León y Carmen Deere en sus múltiples trabajos.

Ello ha tenido profundos efectos en la participación de las mujeres en el campo, ya que ellas constituyen apenas el 26% de la población que toma decisiones sobre las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA), de acuerdo con los resultados del último Censo Nacional Agropecuario llevado a cabo por el DANE en 2014. En cuanto al acceso a maquinaria, asistencia técnica y créditos, suelen participar 10% menos respecto a los hombres, lo que, en conjunto con el no reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado, sumado a estructuras de dominación y  a las violencia basadas en género; les significa tener sobrecarga de trabajo, menos recursos y mayores barreras para el ejercicio pleno de sus derechos y la construcción de una vida digna, aún en condiciones habituales.

Estas condiciones de desigualdad en la que se encuentran las mujeres rurales en Colombia en la situación de emergencia actual a causa de la COVID- 19, agudiza el impacto negativo de la crisis en esta población, de acuerdo con las exploraciones más recientes de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA. En este desafiante contexto, surgen fuertes preocupaciones por el bienestar de las mujeres y aunque distintas organizaciones gubernamentales y privadas han contribuido a mitigar los efectos inmediatos de la pandemia en la seguridad alimentaria de las poblaciones rurales, aún quedan cuestiones que deben ser abordadas en el mediano y largo plazo para garantizar una reducción sostenida de estas brechas.

Al respecto, el proyecto “Condiciones de la tenencia y acceso a la propiedad de la tierra de las mujeres campesinas Tuluá, Florida y Pradera en el Valle del Cauca”^[1], encontró que las mujeres campesinas participantes “confieren singular relevancia a la posibilidad de ser propietarias de la tierra, relacionándola con fortalecimiento organizativo, la independencia económica, la autonomía, la soberanía alimentaria, el mejoramiento de ingresos y capacidades de consumo, la visibilización de su papel, la incidencia en las decisiones en la propiedad particular y el territorio e incluso para salir de relaciones de pareja violentas, en las cuales han permanecido por el temor y la histórica dependencia económica de sus parejas”.

De acuerdo con la investigación, las posibilidades que brindaría la propiedad de la tierra para las mujeres rurales irían desde la disminución de la incertidumbre ante el futuro al tiempo que se promovería el arraigo de ellas y sus familias al territorio; permitiendo también la producción de alimentos más sanos, cuyos alcances llegarían hasta el desarrollo de proyectos económicos, la mejora de los ingresos y los niveles de adquisición y consumo; fomentando el trabajo comunitario y en minga en estos territorios que también han sido fuertemente golpeados por el conflicto armado.

"Es importante que las estrategias que se generen para disminuir los impactos de la COVID-19 en las mujeres rurales, cuente con una perspectiva integral con enfoque territorial y de género que promueva la autonomía económica, física y en la toma de decisiones de las mujeres".

En este sentido, una de las mujeres entrevistadas en el proyecto indicó que se requiere la “tierra vestida”, es decir, que si bien la propiedad de la tierra es una condición necesaria e inaplazable no es suficiente para mejorar la vida de las mujeres en el campo, ya que como indican Carlos Duarte y María Catalina Gómez, líderes del proyecto, “las capacidades de incidencia y decisión de las mujeres campesinas no se garantizan automáticamente al ser dueñas de sus predios, requieren también de la transformación de los roles de género asignados en un sistema patriarcal, donde la mujer se encuentra ubicada en el ámbito de lo privado y el hombre en el de lo público”. 

Así, es importante que las estrategias que se generen para disminuir los impactos de la COVID-19 en las mujeres rurales, cuente con una perspectiva integral con enfoque territorial y de género que promueva la autonomía económica, física y en la toma de decisiones de las mujeres, pues como permite ver la investigación anterior, trabajar para alcanzar la equidad de género implica reconocer la yuxtaposición de asimetrías y discriminaciones a las que se enfrentan las mujeres, para entender la complejidad y las dimensiones en las que ésta debe ser abordada. Dichos esfuerzos deben incluir las esferas familiares, comunitarias y organizativas, permitiendo de esta forma inclusión de los espacios públicos y privados, así como las dimensiones individuales y colectivas.   

De igual forma, es necesario que se generen políticas públicas de género que articulen:

1. La innovación en productos financieros para las mujeres, especialmente en la ruralidad.
2. Programas de educación financiera que tengan en cuenta las consideraciones de género y potencien las capacidades de las mujeres campesinas.
3. La implementación de sistemas de indicadores de género que permitan caracterizar la oferta y demanda de productos financieros para el diseño de medidas más acordes con las necesidades de las mujeres y sus emprendimientos.
4. Estrategias ágiles para que el acceso y uso efectivo de las TICs se conviertan en una prioridad para entidades públicas y privadas.