¿Amigo o enemigo de los pobres del mundo? Resolviendo el debate sobre las microfinanzas
Desde que se convirtieran en el centro de atención a principios de la década de los 80, no se puede negar que las microfinanzas se han vuelto una industria global considerable, que se estima supera los US$180 mil millones y atiende a unos 200 millones de clientes. A lo largo de estas décadas de trayectoria, las instituciones de microfinanzas han logrado la sostenibilidad financiera y han diversificado su oferta más allá del crédito, atendiendo a muchos segmentos de clientes. Asimismo, los líderes de la industria se han abrazado a la era digital. Esta evolución ha cautivado a la comunidad de inclusión financiera de diversas maneras (consulte, por ejemplo, la revisión del estado de la industria del Brookings Institute). Pero, sin duda, el aspecto que más ha trascendido es el de los cambios que las microfinanzas han significado para los clientes más pobres, a los que la industria tiene por intención atender.
Existen dos debates que persisten obstinadamente, sin resolverse. Estos debates son los que continúan arrojando dudas sobre cuánto beneficio aportan las microfinanzas a sus clientes y alimentan lo que parece ser un interminable ciclo de apoyo y críticas a la industria. Aquí, proponemos maneras de resolver las brechas de conocimiento persistentes que perpetúan estos debates sobre las microfinanzas. Estas propuestas son también relevantes para la comunidad de inclusión financiera en general.
El primer debate está relacionado con el impacto que las microfinanzas tienen sobre sus clientes. Y el segundo (estrechamente ligado al primero) gira en torno a la protección al cliente. La naturaleza de estos debates a lo largo del tiempo dice mucho sobre lo que la industria de las microfinanzas debe abordar para comprender y generar consenso sobre cómo mejor servir a sus clientes.
Dar sentido a la evidencia de impacto existente
El debate sobre el impacto ha estado constantemente bajo fuego por los enfoques en el crédito, pese a que hoy en día las microfinanzas consisten en un conjunto más amplio de servicios financieros. Las primeras disputas sobre el impacto de los microcréditos giraron en torno a un estudio realizado en Bangladesh por Pitt y Khandker en 1998, que mostró que los microcréditos recibidos por mujeres llevaron a un mayor consumo de los hogares. Esto fue considerado prueba contundente del impacto positivo que pueden tener las microfinanzas. Sin embargo, el estudio fue seguido por una refutación de Jonathan Morduch que afirmaba que el método de investigación utilizado por Pitt y Khandker estaba viciado. Morduch postuló que las microfinanzas estabilizan el consumo y aumentan la resiliencia, lo cual redunda en un tipo de impacto ligeramente diferente, pero de todas formas positivo. Este debate condujo a una serie de respuestas y contra respuestas que se centraron en la precisión de la medición del impacto (en lugar de enfocarse en las razones de este impacto y las implicaciones sobre las políticas). Esto se prolongó durante más de una década y fue finalmente abordado a través del auge de los ensayos controlados aleatorios (ECA) a principios de la década de los 2000. Los ECA lograron medir con mayor precisión el signo y la magnitud del impacto del microcrédito, así como el de otros servicios de microfinanzas tales como los ahorros, seguros y pagos.
Sin embargo, y a pesar de que la precisión de las mediciones continúa aumentando, los ECA nunca estuvieron cerca de resolver el debate sobre el impacto. Estos estudios mostraron que el mismo conjunto de servicios financieros puede tener un impacto diferente según cual sea el contexto. Aunque es posible encontrar resultados mixtos para todos los tipos de servicios financieros estudiados, el impacto del crédito es más dispar (es decir, puede fluctuar de positivo a negativo) en comparación con el impacto positivo que se encuentra en forma más consistente para ahorros, seguros y pagos (que puede fluctuar de positivo a neutro). Estos hallazgos han sido una decepción para muchos y han llevado a algunos a afirmar que todo el sector de las microfinanzas falla, poniendo a todos los servicios financieros en la misma canasta.
Una vez más, estos hallazgos fueron seguidos por una clara refutación, esta vez por influyentes críticos de los ECA que destacaron que la metodología de los ECA por sí sola nunca puede explicar por qué ocurre el impacto observado (ya sea positivo, neutro o negativo), ya que no documenta la dinámica que llevó a ese resultado. Esto es una gran limitante del valor de los ECA para informar las políticas de desarrollo financiero, ya que no contamos con una idea generalizable de cuáles condiciones permiten que distintos servicios de microfinanzas tengan un impacto positivo en lugar de negativo en los diferentes resultados para los clientes.
Teniendo todo esto en consideración, podemos decir que los servicios de microfinanzas logran a veces, pero no siempre, tener efectos positivos en la vida de los clientes. Tal como lo mencionamos, en todos los estudios es posible encontrar informes de efectos positivos a neutrales de los ahorros, los seguros y los pagos. En lo que refiere al crédito, estos efectos pueden fluctuar entre positivos y negativos. Desafortunadamente, aún no sabemos con precisión cuáles son los motivos que llevan a estos efectos positivos. Al persistir estas incógnitas, los detractores pueden encontrar evidencia para generalizar los resultados del impacto negativo del microcrédito en todo el sector de las microfinanzas, y los defensores pueden encontrar apoyo para fervientes afirmaciones sobre los impactos positivos de las microfinanzas, ya que todos utilizan estudios de impacto ECA seleccionados para respaldar sus puntos de vista.
Falta de cumplimiento uniforme de la protección al cliente
Las preguntas no respondidas sobre el impacto se han visto alimentadas aún más por serios reclamos sobre prácticas crediticias abusivas por parte de algunas instituciones microfinancieras (IMF). Esto nos lleva al segundo debate no resuelto sobre la protección al cliente. Uno de los primeros ejemplos surgió hace una década, y se trató de un caso muy visible referente al sobreendeudamiento de los clientes que llevó a una serie de suicidios en el estado de Andhra Pradesh, India. Poco después de salir a la luz estas denuncias de abuso, otros estudios más representativos y matizados salieron en defensa del sector de las microfinanzas, mostrando que la salud mental, las normas sociales restrictivas y las malas prácticas de algunos actores de las IMF, eran las causas fundamentales de tales eventos.
Desde entonces, cada pocos años, los temas de protección al cliente vuelven a ser el centro de atención. Gavin Finch y David Kocieniewski de Bloomberg recientemente presentaron una dura imagen de las microfinanzas en Camboya y Sri Lanka, con base a informes sobre microcréditos abusivos. Esto mostró cómo, en ausencia de una regulación y supervisión adecuada de la protección al consumidor, los abusos ocurren. Para dar una sensación de rigor y dada la evidencia limitada disponible para cuantificar qué tan generalizados son realmente estos abusos, los autores de Bloomberg solamente citaron estudios de impacto de microcréditos que no arrojan un impacto positivo para los clientes, sin citar aquellos que muestran los beneficios que pueden tener los microcréditos.
Como era de esperarse, la evidencia anecdótica de los clientes que presenta el artículo fue rápidamente descartada por grupos que apoyan las microfinanzas, tales como 60 Decibels, una empresa de investigación de mercado, que recientemente comenzó a recopilar sistemáticamente opiniones autoinformadas de 18.000 usuarios de microcréditos de diferentes países. Lo que están hallando es una imagen relativamente positiva de cómo el microcrédito beneficia a sus clientes, en la que el 70% de los entrevistados informa una mayor resiliencia financiera y el 75% manifiesta que el reembolso no es un problema. Solo el 6% indica que el pago es una carga pesada.
Mientras tanto, estos debates ocurren en torno a una industria que ha cambiado profundamente desde sus inicios. A medida que la gama de proveedores de microfinanzas se ha multiplicado, la industria ha pasado de estar inicialmente compuesta principalmente por cooperativas financieras y ONG altamente subsidiadas y de enfoque muy concentrado, a un próspero sector de microfinanzas que incluye instituciones de depósito reguladas, bancos especializados, compañías financieras no bancarias, fintechs y otros proveedores que cubren un espectro de objetivos sociales y comerciales. Las condiciones en las que se ofrecen los servicios de microfinanzas a los clientes no son siempre uniformes: según el tipo de institución y la gama de servicios ofrecidos, diversos proveedores pueden estar sujetos a diferentes regulaciones dentro del mismo mercado, y las diferentes autoridades supervisoras no siempre exigen que las reglas de protección al consumidor se cumplan uniformemente. El cumplimiento normativo puede también suponer una carga excesiva para los proveedores, en particular para los pequeños. Estos temas regulatorios están directamente relacionados con el grado en que el sector de las microfinanzas debe rendir cuentas por brindar servicios responsables a sus clientes y crear un impacto positivo.
Proponiendo un camino a seguir
¿Qué podemos concluir de todo esto? Estos debates de larga data revelan la necesidad de una acción colectiva en las comunidades de microfinanzas e inclusión financiera en los tres frentes que se detallan a continuación:
En primer lugar, es necesario que más países adopten marcos de protección al cliente que busquen mejorar la salud financiera y los resultados para el cliente dentro de su regulación financiera y sus modelos de supervisión de conductas de mercado.
A pesar de los significativos avances logrados hasta la fecha (ver, por ejemplo, SPTF), existen todavía demasiados países que no aplican estos marcos normativos o, en el mejor de los casos, dejan que los grupos que operan en la industria los apliquen por sí mismos. A fin de abordar este punto, la regulación y la supervisión deben incorporar lineamientos sobre protección de datos y garantías de privacidad; evaluar en forma uniforme la idoneidad de los productos, la capacidad financiera del cliente y la transparencia; así como también garantizar la disponibilidad de mecanismos de recurso para monitorear y cuantificar las tendencias de abuso y desarrollar sistemas de alerta temprana, tal como se muestra en este ejemplo de Filipinas.
De no existir este progreso, la comunidad de microfinanzas e inclusión financiera seguirá sin poder cuantificar las denuncias de abuso. Lo que es peor aún, las afirmaciones anecdóticas pueden convertirse en la principal fuerza detrás de las políticas y las regulaciones, sin tener una comprensión más matizada de su incidencia sobre el terreno. Esto puede conducir a políticas y regulaciones mal informadas que causan un daño neto a las comunidades o sectores de clientes al restringir que se brinden servicios que podrían beneficiar a muchos.
En segundo lugar, los reguladores deben adoptar enfoques basados en actividades para regular las microfinanzas, que apliquen un marco de protección al cliente adecuado a los cada vez más diversos tipos de empresas que ofrecen microcréditos.
Los marcos regulatorios de la conducta del mercado deben aplicarse con un alcance mucho más amplio que el que suelen aplicar las entidades de regulación prudencial, que se centran en la seguridad, la solidez y los riesgos sistémicos. Estos marcos regulatorios también deben hacer énfasis en la proporcionalidad, logrando un equilibrio adecuado entre los beneficios de reducir los riesgos y los costos del cumplimiento. Además, las diferentes entidades gubernamentales que establecen y hacen cumplir las normas de protección al consumidor de las IMF deben aplicar un conjunto común de principios y prácticas de regulación y supervisión para evitar el arbitraje y las brechas en el mercado. Esto ayudaría a hacer cumplir los marcos de protección al cliente de manera más uniforme para los diferentes tipos de IMF.
En tercer lugar, a pesar de los innumerables estudios sobre el impacto de varios servicios de microfinanzas, la industria, los investigadores y la comunidad de financiadores deben coordinar sus esfuerzos a fin de fortalecer la base de evidencia del impacto para así lograr mayor escala para una nueva generación de estudios que pueden ayudar a componer una narrativa más precisa de lo que las microfinanzas pueden hacer por las personas.
El trabajo anterior de CGAP (ver aquí y aquí) muestra que este nuevo tipo de técnica de métodos mixtos ya existe y brinda información sobre cuándo, cómo y para quién los diferentes servicios financieros pueden fortalecer la resiliencia y la capacidad de las personas para aprovechar las oportunidades de inversión. Los resultados de este nuevo tipo de estudio permitirán desarrollar una narrativa de impacto más holística y precisa.
Estos nuevos estudios podrían, por ejemplo, ayudar a determinar si los impactos crediticios positivos están asociados a factores del contexto tales como la proximidad a un camino secundario o a un mercado, la educación secundaria o la capacitación vocacional, o bien a determinadas características del producto crediticio y de la organización que lo brinda. Comprender estas conexiones sería muy útil para el diseño de políticas. Sin embargo, estos estudios deberían llevarse a escala en un conjunto más amplio de países y segmentos de clientes para así poder distinguir circunstancias más generalizables en las que varios servicios de microfinanzas pueden ayudar a las personas pobres a mejorar su bienestar y evitar resultados negativos. Sin esto, no será posible diseñar intervenciones de desarrollo financiero más efectivas, componente central de cualquier agenda de desarrollo socioeconómico actual.
Los avances en estos tres frentes ciertamente ayudarían a todas las partes interesadas a generar consenso sobre cómo mejorar el valor que las microfinanzas (y los servicios financieros en general) ofrecen a las personas pobres. Asimismo, y no menos importante, ayudarían a la comunidad de inclusión financiera a centrar sus esfuerzos en el avance del conocimiento y soluciones positivas, en lugar de en interminables debates llenos de afirmaciones contradictorias y engañosas a favor o en contra de las microfinanzas.
A medida que CGAP se embarca en su nueva estrategia, la protección al consumidor y el impacto de los servicios financieros continuarán siendo una prioridad. CGAP trabajará en alianza con terceros para garantizar una mejor y más amplia implementación de buenas prácticas afines a este tema dentro del sector financiero en general.
Excelente análisis y referencias proporcionadas. Efectivamente el debate persiste, y al final se debe implementar sistemas de gestión de desempeño social, y ahora también ambiental, para poder comprobar en base a evidencias e indicadores el impacto. Modelos modernos de scoring tienden a evaluar el no pago y sobreendeudamiento como factores de riesgo, que justifican tasas de interés más altas para generar mayores provisiones y castigo de cartera, sin considerar la situación en que quedan las personas.
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