Inclusión financiera, protección social y equidad de género: ¿Y ahora qué?

La inclusión financiera es uno de los temas más investigados por los estudios del desarrollo y con mayor presencia en la agenda de cooperación para el desarrollo internacional. La visión que tenemos hoy sobre la inclusión financiera es, sin duda, positiva, pero se aleja del excesivo optimismo inicial que la consideraba como la “bala de plata” para la eliminación de las privaciones en el mundo. Actualmente tenemos evidencia científica rigurosa acerca de que la inclusión financiera efectivamente contribuye a reducir diferentes formas de pobreza y a aumentar la equidad de género. Sin embargo, gran parte de esta evidencia se ha producido en el contexto de situaciones relativamente “controladas” que no siempre son replicables cuando pequeñas intervenciones buscan ser transformadas en políticas de mayor escala que, además, deben ser gestionadas por entidades públicas de países de ingresos bajos y medios con limitadas capacidades estatales. ¿Se replican estos hallazgos cuando salimos del “experimento de campo” y pasamos al “mundo real” de las políticas de protección social?

Proyecto Capital y la búsqueda de evidencia

Con el fin de contribuir a responder esta pregunta, en el año 2008 se dio inicio al “Proyecto Capital” (PK) en Perú, como una iniciativa conjunta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y la Fundación Capital (FK), con el apoyo de la Fundación Ford y el International Development Research Centre (IDRC) de Canadá. El PK tuvo como uno de sus objetivos generar evidencia acerca de si las mujeres receptoras de programas gubernamentales de transferencias monetarias condicionadas (TMC) podían, querían y usaban servicios financieros formales, cuando estos eran puestos a su disposición de manera oportuna. Asimismo, el PK buscó explorar en qué medida el acceso y el uso de estos servicios financieros formales traían mejoras en diferentes dimensiones del bienestar presente o futuro de las mujeres usuarias y de sus hogares.

"A pesar de su bajo nivel de ingreso, las mujeres usuarias de transferencias monetarias condicionadas (TMC) sí logran destinar una parte de las transferencias que reciben a generar fuentes de ahorro en el sistema formal, las cuales combinan con otras estrategias de ahorro informal".

Desde sus inicios, el componente de investigación y generación de evidencia del PK debió afrontar un desafío significativo. A diferencia de gran parte de la literatura sobre inclusión financiera basada en experimentos de campo y orientada principalmente a generar contribuciones académicas, el PK debía producir evidencia rigurosa sobre esquemas de inclusión financiera articulados a programas gubernamentales de TMC ya existentes. Además, esta evidencia debía servir para informar la potencial implementación a gran escala de este tipo de iniciativas. Se trataba, por tanto, de un contexto complejo en el que fue necesario lidiar tanto con la naturaleza no aleatoria del diseño de los programas de TMC a los que se articularon las intervenciones de inclusión financiera, como las dificultades de implementación y gestión propias de los programas sociales administrados por el sector público en países de la región.

¿Qué aprendimos?

La evidencia generada durante los 10 años del PK en 11 países de América Latina y el Caribe permitió corroborar y ampliar lo encontrado por la literatura internacional. A pesar de su bajo nivel de ingreso, las mujeres usuarias de TMC sí logran destinar una parte de las transferencias que reciben a generar fuentes de ahorro en el sistema formal, las cuales combinan con otras estrategias de ahorro informal. La experiencia con el programa de TMC “Juntos” en Perú, y con el programa “LISTA” en Colombia muestra que los casos exitosos tienen en común el haber combinado tres componentes: (i) educación financiera, (ii) acompañamiento financiero por parte de los promotores del programa y/o de líderes locales, y (iii) esquemas de incentivos al ahorro. Asimismo, el PK mostró evidencia de que las mujeres que participan en estos programas gastan más en educación, en nutrición y en activos productivos. Este hallazgo es central en tanto muestra que articular TMC con iniciativas de inclusión financiera no solo fomenta el ahorro en el sistema formal, sino que contribuye a lograr los objetivos propios de los programas de TMC, en especial los relacionados al rubro educativo.

"Lo primero es recordar que la inclusión financiera no es un fin en sí mismo, sino un medio para mejorar las vidas de las personas y reducir desigualdades de género".

El contexto actual de la inclusión financiera de poblaciones vulnerables en la región es muy distinto al del año 2008. Hoy en día, articular TMC e inclusión financiera a través del pago en cuentas de ahorro a las usuarias de los programas es el “new normal” en las políticas sociales en América Latina. Y hay un camino recorrido con aprendizajes relevantes en cuanto a esta institucionalización para compartir con otras regiones. De igual modo, las iniciativas de educación financiera enfocadas en las mujeres ya sea utilizando métodos convencionales o empleando TICs se están expandiendo en la región, y un creciente número de países ya cuentan con estrategias nacionales de inclusión financiera. En este contexto ¿vale la pena seguir insistiendo en incluir financieramente a las poblaciones vulnerables, en particular a las mujeres en pobreza?

Tres preguntas para continuar el debate

Lo primero es recordar que la inclusión financiera no es un fin en sí mismo, sino un medio para mejorar las vidas de las personas y reducir desigualdades de género. La evidencia que hoy tenemos nos muestra que es, además, un medio efectivo. No obstante, estamos aun muy lejos de haber culminado nuestra tarea en relación con este tema. En esa línea, propongo tres preguntas que pueden contribuir a continuar con esta agenda de discusión y trabajo: (i) ¿Cómo consolidar y sostener en el tiempo los logros que la articulación entre TMC e inclusión financiera ya generan en relación a la reducción de las desigualdades de género?, (ii) ¿cómo generar una masa crítica de evidencia rigurosa sobre la potencial relación entre la inclusión financiera y otras dimensiones centrales del bienestar de las mujeres como la conectividad social, la agencia, el empoderamiento, el bienestar psicológico o el uso del tiempo?, (iii) ¿cómo lograr que las nuevas tecnologías para la inclusión financiera desemboquen en iniciativas verdaderamente pertinentes para las diversas necesidades y estilos de vida de las mujeres usuarias y sean efectivamente replicables a gran escala?

Evidentemente, estas tres preguntas no agotan el rango de áreas relevantes para la generación de evidencia acerca de cómo la transversalización de la inclusión financiera en las políticas de protección social puede ayudar a las mujeres en pobreza a mejorar sus vidas. No obstante, constituyen pistas concretas sobre las cuáles ya existe alguna evidencia inicial, aunque limitada. Sobre la base de lo que ya sabemos, el desafío actual es consolidar una agenda de trabajo 2.0 sobre inclusión financiera, género y protección social que, en el marco de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), nos permita avanzar tanto en el logro de las metas de erradicación de todas las formas de pobreza (ODS1), como en las relativas a la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres (ODS5). Esta nueva década puede ser una ventana de oportunidad para avanzar en esta agenda, pero para que eso ocurra el trabajo debe empezar hoy.