Crear y sostener el empleo mediante un maridaje de asistencia técnica e inclusión financiera
Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) constituyen, dentro de la estructura productiva del país, el mayor segmento empresarial. De las aproximadamente quinientas mil unidades económicas existentes, más del 90% son mipymes. Por lo tanto, gran parte del empleo y del subempleo generado en la economía se encuentra localizado en ellas. Su importancia se acrecienta al considerar, por una parte, su baja densidad de capital, que las convierte en potentes demandantes de empleo y, por otra, su participación en cadenas de producción, bien como demandantes de productos o como proveedoras de insumos y servicios para empresas grandes, o de bienes de consumo y servicios para los hogares.
Sin embargo, las mipymes poseen bajos niveles de productividad, capacidades empresariales débiles y dificultades para acceder a créditos. Sus posibilidades de crecimiento sostenible se encuentran limitadas, lo cual frena su aporte al incremento del producto nacional e impide el despliegue de su potencial para la creación de empleo. Al valorar las restricciones del crédito dirigido a las mipymes, se advierte que este problema forma parte de una condición estructural del sistema financiero que no ha conseguido, hasta el momento, alcanzar niveles de inclusión comparables con otros países de Latinoamérica.
Por otra parte, los esfuerzos gubernamentales no han logrado modificaciones sustantivas de la problemática reseñada. Si bien el actual gobierno exhibe algunos logros importantes (como la expedición de un marco normativo de regulación y fomento de la llamada economía popular y solidaria y la creación de una institucionalidad que la ha concretado) los resultados, en términos de fortalecimiento de las capacidades empresariales y de acceso al crédito productivo para las mipymes, siguen siendo escasos. De acuerdo con las mediciones realizadas por organismos financieros internacionales, el Ecuador continúa registrando bajos niveles de productividad y de inclusión financiera. Además, la institucionalidad de fomento a las mipymes se caracteriza por la duplicación y dispersión de los programas (basta con mencionar que todos los gobiernos autónomos descentralizados, con excepción de las juntas parroquiales, poseen competencias en la promoción del desarrollo económico territorial).
La política de fomento de las mipymes, que se propone en el presente documento, busca afrontar dos de las más importantes fallas estructurales que impiden la expansión sostenible del sector: el bajo nivel de productividad y las dificultades de acceso al crédito. La esencia de la propuesta consiste en un maridaje entre la asistencia técnica y la inclusión financiera mediante la creación de una red de Centros de Desarrollo de Negocios (CDN). Las características más importantes de estos centros son: provisión de asistencia técnica individualizada a las mipymes, de acuerdo con sus necesidades concretas y en el territorio donde se encuentren localizadas, y facilitación del crédito mediante la capacitación en proyectos productivos y la creación de puntos de atención de las instituciones financieras en las oficinas de los CDN.
