Inclusión financiera para refugiados y migrantes en América Latina

Con casi 20 millones de personas en necesidad de protección internacional, América Latina alberga una de las crisis de desplazamiento más grandes del mundo. De los 7 millones de personas que han salido de Venezuela en busca de protección y de una vida mejor, más de 6 millones han hallado refugio en países de América Latina y el Caribe. Colombia alberga una de las mayores poblaciones de desplazados internos del mundo, más de 6,8 millones, y más de 2,4 millones de refugiados y migrantes venezolanos registrados. Asimismo, más de un millón de personas de El Salvador, Guatemala y Honduras se vieron obligadas a abandonar sus hogares y fueron acogidas en países vecinos de la región. El número de nicaragüenses que buscan protección en la subregión también continúa en aumento, especialmente en Costa Rica. Para muchos de los refugiados y migrantes de la región que no pueden regresar o ser reasentados, el autoempleo a través de la iniciativa empresarial puede ser un camino importante hacia la integración y la autosuficiencia. Pero los servicios financieros son clave para acceder a este camino, y los refugiados y migrantes a menudo enfrentan barreras para obtener los servicios que necesitan.

Para sensibilizar y encontrar soluciones a las necesidades de servicios financieros de esta población, ACNUR y la IFC han estado trabajando para mostrar al sector privado los beneficios de trabajar con esta población. Aquí detallamos cinco puntos que hemos aprendido marcan la diferencia para avanzar en la inclusión financiera de refugiados y migrantes.

1) Los estereotipos son una barrera importante que se puede abordar a través de las interacciones cara a cara

Crear oportunidades para la interacción cara a cara con refugiados y migrantes puede ayudar a romper estereotipos y promover una mejor comprensión de sus necesidades y su potencial.  Comprobamos que esto funcionaba bien durante nuestro trabajo anterior, cuando organizamos talleres y reuniones en varias ciudades de Perú, Ecuador y Brasil, a las que concurrieron proveedores de servicios financieros (PSF) y reguladores junto con refugiados y migrantes.  A muchos de los participantes, estos talleres les "abrieron los ojos" y quedaron impresionados por la determinación, la resiliencia y el espíritu emprendedor de los empresarios refugiados, siendo que todas éstas son características de dueños de negocios exitosos.

Tras los talleres, varios PSF de estos cuatro países decidieron enfocarse en los refugiados y los venezolanos, incluyendo Banco do Povo y Banco Pérola en Brasil, Financiera Confianza en Perú y Fundación Espoir en Ecuador. Asimismo, las lecciones aprendidas se están compartiendo entre los países a través de webinars organizados por la IFC y ACNUR para alentar a otros PSF a brindar sus productos y servicios financieros a esta población.

2) Los datos son también importantes para ayudar a superar los conceptos erróneos sobre refugiados y migrantes y promover el caso de negocios para brindarles servicios 

La IFC realizó dos evaluaciones de brechas de inclusión financiera en Colombia y Perú para sensibilizar al sector financiero sobre el potencial comercial de los migrantes y refugiados que se han asentado en los dos países, con un enfoque particular en los venezolanos. Las evaluaciones revelaron que, al contrario de la percepción de que los migrantes y refugiados venezolanos son móviles e inestables, más del 90% de los venezolanos ha vivido en Colombia durante más de dos años y el 96% tiene la intención de permanecer en el país en los próximos años. De manera similar, en Perú, más del 70 por ciento de los migrantes venezolanos ha vivido en Perú por más de dos años y el 87 por ciento se ha reunido con sus familias.

Los estudios contribuyeron también a combatir los conceptos erróneos de que los migrantes carecen de una fuente de ingresos estable y solamente trabajan de manera informal. La tasa de desempleo de los migrantes en Colombia en 2022 fue solo del 15 por ciento, en comparación con el 14 por ciento de los locales, y más de 2,5 millones han regularizado su estatus migratorio o están en proceso de hacerlo. Los venezolanos tienden asimismo a tener una buena familiaridad con el uso de servicios financieros, especialmente los digitales, y con los productos de seguros.

3) La asistencia técnica y las inversiones específicas pueden proporcionar un impulso final para incentivar a los PSF a prestar servicios a refugiados y migrantes 

La IFC y ACNUR están trabajando juntos para ayudar a los PSF a reducir los sesgos inconscientes que pueden existir aún entre su personal, a fin de que puedan acercarse a los migrantes y refugiados con mayor empatía y sensibilidad. A través de sus servicios de asesoría e instrumentos de inversión, la IFC trabaja activamente con los PSF para mejorar su conocimiento y su información sobre las características y necesidades financieras de esta población, para así desarrollar y testear ofertas adaptadas a ella y mejorar las opciones de financiamiento.

La IFC apoyó a Bancamía, uno de los principales bancos de microfinanzas de Colombia, en el diseño e implementación de una propuesta de valor para migrantes y refugiados.  Esto fue a fines de 2021, con el objetivo de ayudar a los venezolanos en Colombia a integrarse a la vida social y económica. Bajo este programa,  Bancamía  adaptó sus productos, servicios, canales, procesos y procedimientos a la población migrante, llegando a más de 7,300 personas refugiadas y migrantes. Alentados por los datos recopilados en el estudio de Colombia, hay ahora varios PSF interesados ​​en aprovechar las oportunidades de mercado que ofrecen las personas refugiadas y migrantes.

4) Los refugiados y migrantes necesitan orientación sobre cómo acceder al sistema financiero en su país de acogida y, a su vez, los PSF necesitan orientación sobre cómo acercarse a los migrantes y refugiados 

Para ayudar a los migrantes y refugiados en Brasil a comprender cómo funciona el sistema financiero nacional y cómo realizar transacciones bancarias, ACNUR trabajó con el Banco Central y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y la OIM para lanzar la Cartilla  de Información Financiera para Migrantes y Refugiados. Imprimimos la primera edición de la cartilla, que se distribuyó a través de nuestros aliados, y la versión en línea se compartió a través de canales digitales y correos electrónicos a la población desplazada.

La IFC y ACNUR prepararon también una breve guía para instituciones financieras, en colaboración con la Federación de Bancos de Brasil (Febraban) y el Banco Central de Brasil, sobre el perfil y los documentos específicos de las personas refugiadas y migrantes y sus necesidades financieras.

Las guías realizadas en Brasil sirvieron de referencia para una similar guía de Colombia sobre cómo utilizar el sistema financiero.  Esta guía fue publicada por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) en colaboración con la IFC, ACNUR y otros aliados. La Superintendencia de Banca, Seguros de Perú y AFP , en colaboración con la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú, ha lanzado ahora también una guía para brindar información a las instituciones financieras sobre los perfiles y características de las personas migrantes y refugiadas, así como sobre su estatus migratorio y documentos de identidad. Estas guías son importantes para informar a los PSF de las reglas existentes que pautan la aceptación de diferentes tipos de documentos/identificaciones de migrantes y refugiados.

5) Aprobar una regulación de apoyo es clave para permitir la inclusión financiera de migrantes y refugiados 

Finalmente, ninguna de estas acciones puede tener impacto sin un entorno regulatorio propicio para fomentar que los refugiados y migrantes tengan acceso a servicios financieros. En cada uno de los cuatro países donde ACNUR y la IFC están trabajando conjuntamente, se han dado pasos importantes:

• Colombia: En 2021, Colombia anunció que otorgaría a todos los venezolanos residentes en el país un Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) de 10 años, que les permite trabajar y acceder a atención médica y a otros servicios esenciales. El proceso de regularización, que consiste en la identificación del migrante, el registro biométrico y la emisión y entrega del ETPV, comenzó en mayo de 2021, apoyado por ACNUR. Casi 2,5 millones de venezolanos ya han completado la primera etapa del proceso para obtener el ETPV, y de ellos más de 1,6 millones de venezolanos tienen ahora el ETPV.
• Ecuador: A fines de 2020, la Junta de Política y Regulación Monetaria adoptó tres resoluciones que establecen los requisitos para la apertura de una cuenta de ahorro para solicitantes de protección internacional. Los solicitantes deben presentar un documento, ya sea una cédula de identidad o pasaporte de su país de origen y una visa humanitaria. Las personas reconocidas como refugiadas o apátridas pueden abrir una cuenta de ahorro si presentan una cédula ecuatoriana.
• Perú: Aquí, a los venezolanos solicitantes de asilo se les puede otorgar un permiso de residencia humanitaria, válido por seis meses, que les da acceso al Carnet de Extranjería, un documento clave para la integración y el acceso a programas sociales, incluida la atención médica pública gratuita. Alternativamente, los ciudadanos de todas las nacionalidades pueden solicitar un Permiso Temporal de Permanencia, válido por un año, que regula su estadía en el país y les permite trabajar.
• Brasil: En 2019, el Comité Nacional para Refugiados en Brasil (CONARE) permitió que la Declaración de Cartagena se aplique a quienes ingresan desde Venezuela. Esto llevó a un reconocimiento prima facie de los venezolanos como refugiados. Más de 53000 personas de Venezuela han sido reconocidas ahora como refugiados en Brasil, lo cual los convierte en el mayor número de refugiados venezolanos reconocidos en un país de América Latina.

Los aspectos clave descritos en este blog se pueden reproducir y adaptar eficazmente a diferentes contextos en los que se albergan personas desplazadas. El acceso al financiamiento es un derecho universal y contribuye a la integración e inclusión de las personas desplazadas por la fuerza en sus países de acogida. Esto requiere de un esfuerzo conjunto, para abordar las barreras persistentes que son intrínsecas al entorno propicio y a los actores de la industria. La IFC y ACNUR están colaborando para abordar algunas de ellas, al tiempo que evalúan las lecciones aprendidas como resultado de sus intervenciones.

Asimismo, en reconocimiento de la creciente importancia del sector privado para promover la integración económica de las personas desplazadas por la fuerza al desarrollo de sus comunidades de acogida, la IFC y ACNUR lanzaron una iniciativa conjunta para institucionalizar su colaboración y aumentar la participación del sector privado en la creación de mercados en contextos de desplazamiento mundial. La inclusión financiera es un componente clave de la iniciativa conjunta, que se abordará con evaluaciones de brechas, promoción coordinada, apoyo a la inversión y asesoramiento especialmente adaptado para los PSF y otras partes interesadas a fin de permitir que las personas desplazadas por la fuerza tengan acceso a financiamiento.