Préstamos al consumo e inclusión financiera en América Latina

El éxito económico de muchos países latinoamericanos y la salida de la pobreza de millones de hogares en los últimos años ha llevado a un fuerte aumento del crédito al consumo en los segmentos de clase media y baja. Esta tendencia se mencionó anteriormente en el blog (vínculo en inglés) como algo que vale la pena observar. 

Los tipos de proveedores y productos que pueden considerarse de “crédito para el consumo” han evolucionado de distintas maneras en los mercados de la región. Al mismo tiempo, han surgido ciertas características comunes, como la mayor importancia de las cadenas minoristas, los desafíos y las oportunidades para la evaluación del riesgo de los consumidores que generalmente carecen de registros financieros formales significativos, y un intercambio irregular de los antecedentes crediticios entre los diferentes segmentos de proveedores. Estos son problemas que impactarán en el crecimiento y la sostenibilidad de este sector, pero dada la naturaleza diversa del mercado, no siempre se podrán resolver únicamente con medidas de la industria. Por eso, existe una necesidad clara y precisa de que intervengan los responsables de la formulación de políticas de la región.

Los responsables de estas políticas han señalado riesgos considerables que derivan de esta evolución del mercado y han tomado medidas importantes en esferas tales como la calidad de la cartera, los requisitos de reservas, las normas de protección del consumidor en lo que respecta, por ejemplo, a la adecuación de los productos, y las encuestas de hogares para comprender mejor las fuerzas de la demanda que impulsan el crecimiento del crédito para el consumo en la base de la pirámide, así como también sus consecuencias.

Sin embargo, no existe un consenso claro en la región sobre cómo medir y evaluar la penetración del mercado, sobre cómo disociar las ventajas de las desventajas, ni sobre cómo los organismos reguladores deberían controlar activamente el mercado o responder ante sus cambios.

El 12 y 13 de marzo de este año, el Grupo Consultivo de Ayuda a los Pobres (CGAP), el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (FOMIN) y la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA) organizaron un foro de discusión con los organismos reguladores de América Latina para hablar sobre el crédito al consumo en la región. Esta reunión constituyó un paso importante para lograr el consenso regional y compartir enfoques normativos exitosos entre mercados. A partir de estos debates, los participantes identificaron varias esferas clave en las que se necesita un mayor intercambio de conocimientos y medidas posteriores para respaldar la ampliación responsable del crédito al consumo:

Ampliación del alcance de la reglamentación a fin de incorporar el suministro de crédito —para todos los segmentos de la población y tipos de proveedores— en la órbita de la autoridad del sector financiero. La mayoría de los mercados latinoamericanos no regulan la actividad de muchas instituciones dedicadas al crédito porque estas no actúan como intermediarias de los ahorros de las personas y, por lo tanto, no se considera que estén sujetas a una reglamentación prudencial. En Chile se calcula que casi la mitad del crédito al consumo del mercado proviene de instituciones no reguladas, mientras que en Brasil esta estimación corresponde aproximadamente al 30% y, en México, al 20%. Resolver el problema de la cobertura debería ayudar a los organismos reguladores a obtener una visión completa del mercado para evaluar los cambios en la oferta y el uso del crédito que podrían implicar riesgos, y a evitar el arbitraje regulatorio que existe actualmente en muchos de estos mercados.

Regulación de los organismos de verificación crediticia para garantizar una visión más completa y compartida del riesgo crediticio a nivel de los hogares. Esto se puede lograr fomentando una mayor inclusión de las instituciones en los organismos de verificación y exigiendo el intercambio de información entre los proveedores y los organismos. Quedan preguntas sin responder en torno a si los organismos de verificación deberían ser públicos o privados, si debería existir uno o más, y si los aspectos vinculados con la gestión y la fijación de precios son adecuados. Sin embargo, existe consenso en que los proveedores en general deben evaluar el riesgo a partir de las consultas a los organismos de verificación.

Identificación de los modelos de datos necesarios para realizar un seguimiento adecuado de los avances en el financiamiento. Uno de los desafíos comunes que suelen mencionar los responsables de la formulación de políticas de la región es este: “No tenemos una visión completa del mercado ni datos que nos permitan comprender a todas las partes que proporcionan crédito al consumo”. Mejorar la cantidad y la calidad de la información sobre el crédito al consumo en un mercado debería ayudar a determinar qué tipo de producto ofrece cada proveedor, qué segmentos de consumidores son los destinatarios y cuál es el rendimiento y la solidez de sus carteras de crédito al consumo.

Más comprensión de las mejores prácticas en materia de regulación del crédito al consumo. Los países han puesto en práctica distintos enfoques para controlar la ampliación del crédito al consumo y para supervisar las carteras y las prácticas de financiamiento de los proveedores individuales; muchos de estos casos han tenido éxito en la región. Por lo tanto, sería útil tener una noción compartida de qué reglas, políticas y herramientas de seguimiento del mercado son más eficaces para regular el crédito al consumo.

Comprensión del modo en que las opiniones y el comportamiento de los consumidores podrían modificar las directrices y normas de protección del consumidor actuales. Para ello, será necesario descubrir qué piensan los consumidores sobre el crédito al consumo y qué hace que algunos consumidores administren sus deudas de manera responsable, mientras que otros se descontrolan. La protección del consumidor ha sido un objetivo prioritario en muchos mercados, pero los puntos de vista tradicionales con respecto a la transparencia como el elemento fundamental para tomar decisiones sensatas sobre los productos de financiamiento están cambiando; esto se debe a que existen otros factores que parecen impulsar el comportamiento de los consumidores, además del costo del crédito en sí mismo y la capacidad para comparar ofertas.

En el futuro, a medida que los modelos de negocios evolucionen, se deberá aprender más acerca de cómo las innovaciones en materia de servicios bancarios sin sucursales pueden ampliar el acceso al crédito y se deberá fomentar un análisis inicial del modo en que esto podría modificar los riesgos actuales o crear otros nuevos. El interés en promover la inclusión financiera impulsa reformas que permiten que nuevos participantes no bancarios intervengan en la cadena de valor de los servicios financieros. Como resultado, se ponen en marcha numerosas iniciativas de banca móvil de distintos tipos en la mayoría de los mercados, principalmente dirigidas al uso de sistemas de pagos y cuentas a través de teléfonos celulares. La experiencia internacional revela que es probable que estos modelos de negocios lleguen a incorporar sistemas de crédito y, por lo tanto, los responsables de la formulación de políticas deben tenerlos en cuenta ahora, mientras están en la etapa inicial de desarrollo.

Por supuesto que estos problemas no se pueden resolver todos de una sola vez y requerirán un alto grado de voluntad política de parte de las autoridades responsables. Asimismo, las recientes innovaciones en materia de políticas en toda la región dejan en claro que nuestro punto de partida se debe adaptar a la vasta experiencia de los distintos mercados y debe consolidarse y unificarse tanto como sea posible. Este es el próximo paso para los grupos como aquellos con los cuales nos reunimos en marzo. No obstante, lo que sí es una realidad es que el mercado continuará creciendo en tamaño y en diversidad, de modo que los organismos reguladores ya no pueden centrarse solamente en el limitado abanico de proveedores de su jurisdicción si desean garantizar la estabilidad y la inclusión financiera responsable.

- Rudy Araujo es el secretario general de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA).

- Sergio Navajas es especialista senior del Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo, donde encabeza proyectos y estudios de investigación sobre microfinanzas.

- Rafe Mazer y Xavier Faz son miembros del equipo regional de América Latina del CGAP.

- Originalmente publicado en inglés, en el blog del CGAP.